La directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Oliván, ha reivindicado este lunes, en Madrid, la necesidad urgente de reactivar las inversiones en corrección hidrológico-forestal a través de una fórmula de éxito ya conocida: la recuperación del Convenio de Hidrología entre las comunidades autónomas y el Estado. “Corregir los problemas desde el origen en las cuencas forestales permite actuaciones más pequeñas y rentables con beneficios muy superiores a su coste”, ha afirmado.
Oliván ha participado en los actos por el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía que se conmemora mañana, 17 de junio. En este marco, se ha presentado la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y su Primer Plan de Implementación.
La directora general ha intervenido en la mesa redonda titulada “Actuaciones sobre el terreno”, junto a representantes de los Ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica, desde donde ha defendido una visión integradora de la gestión forestal. “No podemos separar la gestión de la prevención de incendios o de inundaciones. Todo lo que hacemos en los montes es gestión forestal, y todo está conectado. La prevención de incendios y la gestión forestal son dos caras de la misma moneda”, ha subrayado Oliván.
Una fórmula que dio grandes resultados
El Convenio de Hidrología, que desapareció en 2011, permitió durante décadas una colaboración eficaz entre administraciones para acometer trabajos de restauración hidrológico-forestal en cuencas de riesgo. En palabras de Oliván, “la experiencia en Aragón con las obras de corrección hidrológico forestal ha sido excepcionalmente positiva”, con obras emblemáticas como las repoblaciones y defensas en la estación internacional de Canfranc o las actuaciones en Daroca, Ateca y el Jiloca turolense, que evitaron inundaciones que en el pasado costaron vidas humanas.
La directora general ha recordado que “mientras los fenómenos extremos como incendios, sequías o lluvias torrenciales aumentan, las inversiones en corrección hidrológica han disminuido”, y tristemente se evidencia su necesidad, como ponen de manifiesto episodios recientes como la DANA de Valencia o las inundaciones de este fin de semana en Aragón por el desbordamiento del Cámaras y el Aguasvivas.
Un reto que exige colaboración institucional
Con un 57% del territorio aragonés catalogado como superficie forestal —2,7 millones de hectáreas, casi la mitad bajo gestión directa de la administración—, la magnitud del reto es enorme. Oliván ha insistido en que la implicación de todas las administraciones es imprescindible: “Necesitamos sumar el esfuerzo de todas las administraciones, no solo Estado y Comunidades autónomas, sino también diputaciones provinciales, ayuntamientos, Confederaciones hidrográficas, y también del sector privado y actuar de manera coordinada.”
En este sentido, ha señalado avances importantes, como el reciente Plan de Reforestación de Aragón, con el que se pretende repoblar al menos 2.000 hectáreas en cuatro años, que podrán ser más a través de la colaboración público-privada mediante las reforestaciones para la compensación de emisiones de CO₂.
Además, Oliván ha denunciado el olvido del sector forestal en las políticas de apoyo al medio rural, especialmente en la PAC: “Hay ayudas para agricultura y ganadería, pero no para el sector forestal, a pesar de su papel vital para el medio ambiente”. Ha defendido el establecimiento de una fiscalidad diferenciada para los propietarios forestales, demandada desde hace muchos años y promover medidas que fomenten el asociacionismo y la gestión en la propiedad privada, muchas veces paralizada por el minifundismo y la baja rentabilidad económica, que contrasta fuertemente con la cantidad de servicios ambientales que producen para el conjunto de la sociedad sin recibir nada a cambio.
