La protección de la naturaleza, la defensa del medio ambiente, el fomento del desarrollo sostenible han sido algunos de los paradigmas que en los últimos cien años se han ido formulando para intentar que el desarrollo económico y tecnológico fuera compatible con el planeta. Aunque se han hecho progresos significativos y diversos en este sentido, lo cierto es que la magnitud de la presión que la acción humana sobre nuestro entorno natural se hace cada vez más peligrosa. En los últimos años la comunidad científica ha identificado en el cambio climático el mayor reto que afronta la humanidad, un reto que concentra y resume a la vez los diferentes desafíos a los que hemos de dar respuesta urgente, ya sea la protección de la biodiversidad, la movilidad sostenible, la reducción del consumo y de los residuos, la preservación de los recursos naturales, la protección del aire… Por ello, es necesario y urgente avanzar en una etapa de transición ecológica, que suponga una nueva relación con el planeta, con la naturaleza y con nosotros mismos.
Si el reto es mayúsculo, ello quiere decir que nos implica a todos, que todos debemos ser parte de la solución, en los diferentes niveles. Pero en esa aproximación holística, es evidente que los gobiernos y las administraciones públicas, es decir los organismos que nos hemos dotado para que nos representen y aseguren bienestar y convivencia, tienen no sólo una responsabilidad mayor, sino la principal responsabilidad. Los poderes públicos pueden legislar, crear normas generales, controlar, sancionar y, sobre todo, tienen la capacidad y la obligación de desarrollar políticas públicas sostenibles. Por ello, la dimensión del sector público como comprador y proveedor de servicios e inversiones tiene un poder enorme. Y ese poder ha de estar al servicio también, y sin que sea excluyente con otros objetivos, de la sostenibilidad y de la lucha contra la emergencia climática. A nivel mundial se estima que las administraciones públicas mueven un 12% del PIB en los países de la OCDE y hasta un 30% del PIB en algunoss países en desarrollo. Se trata, en muchos países y sociedades, del principal cliente del sector privado y, por lo tanto, puede ejercer una influencia enorme en el mercado no sólo por su capacidad normativa sino por su acción compradora. Alinear esos recursos con el objetivo de frenar el cambio climático y promover otro tipo de desarrollo más armónico ha de ser visto como algo normal y obligado. Es decir, la contratación pública, por los recursos que lleva asociados, puede y debe contribuir significativamente a los objetivos de lucha contra el cambio climático que NNUU ha fijado con carácter urgente.
La contratación pública sostenible es propia de administraciones comprometidas en la lucha contra el cambio climático, que gestionan con eficiencia tanto recursos públicos como recursos naturales, administraciones que fomentan la cooperación con los agentes sociales, económicos y cívicos. El panorama político global –con el aumento de opciones negacionistas y desreguladoras– es preocupante, pero una de las respuestas debe ser, creemos, perseverar en los cambios, reforzar las políticas –entre ellas, la contratación sostenible– y cooperar, también en el ámbito internacional, para luchar contra el cambio climático. La amenaza de retroceder debe ser un estímulo para aumentar nuestro compromiso. La emergencia climática en la que estamos no admite el desánimo.
El objetivo del Informe es básicamente propositivo. A partir de una breve diagnosis de la situación actual y de los avances que se han realizado en los últimos 25 años, se pretende formular una serie de propuestas en distintos ámbitos que permitan dar un salto adelante. Hemos de conseguir un ritmo de cambio más acelerado, por ello hablamos de propuestas urgentes, porque el tiempo, ahora sí, va en nuestra contra.
Estas propuestas pueden ser de utilidad para las diferentes administraciones públicas de España y, en especial, pueden ser una contribución a los trabajos del próximo Plan de Contratación Pública Ecológica.
A nivel metodológico, el Informe tiene en cuenta los avances legislativos y normativos que, a diferentes niveles, se han producido en los últimos años, se han contemplado estudios y posicionamientos de diversos organismos internacionales y se han realizado algunas entrevistas con personas con experiencia en este ámbito. Los autores, por lo demás, tienen una larga experiencia en el ámbito de la ambientalización de las administraciones y en la inclusión de cláusulas ambientales y sociales en la contratación pública.
