Sigue la polémica en el Matarraña por la subida del tributo de residuos con la implantación de la tasa única. La Comarca ha convocado el lunes a sus alcaldes a una junta consultiva. El objetivo es aclarar dudas e intentar ir todos a una pero, si en el caso de algún ayuntamiento no lo vea así, se le ofrecerá la posibilidad de que regrese a la fórmula anterior. Es decir, la subida se mantendrá pero ya no repercutirá directamente en los vecinos sino en el ayuntamiento para que la cobre como considere como ocurría hasta la fecha.
La tasa única para todo el Matarraña se aprobó en marzo en pleno pero será en 2026 cuando lo notarán en su bolsillo los contribuyentes. En las viviendas va a repercutir directamente con un rango de precios igual para todos independientemente de dónde vivan o de si realizan el ‘Porta a Porta’ o el quinto contenedor. En cuanto a los negocios, depende de su tamaño. El cambio ahora es que se ha modificado al alza el precio inicial que se aprobó en marzo por el aumento de los costes para la Comarca (entrar una tonelada de residuos al vertedero del Consorcio nº7 antes costaba 28 euros y ahora supera los 90). Los precios finales que han generado polémica son fruto de varias reuniones de una comisión de trabajo formada por la presidencia y dos alcaldías de cada uno de los cuatro partidos (PP, PSOE, TE y PAR) más el consejero de CHA. En una consultiva de alcaldes tras la aprobación de las tasas de marzo ya se transmitieron «dudas» y se acordó crear este grupo de trabajo. Ahora además del incremento, se añaden tres epígrafes nuevos y pagarán también ayuntamientos (430€), los centros de salud (170€) y el instituto (430€).
Más allá del ruido político, para el ciudadano la modificación supone que por una vivienda en 2026 en el Matarraña se abonará un 22,2% por el tributo de las basuras que la primera propuesta aprobada en marzo. La subida real respecto a este año será diferente dependiendo de cada pueblo, ya que los ayuntamientos hasta la fecha trabajaban de forma diferente. Eran los que recibían la factura de la Comarca y decidían cómo se lo cobraban a sus vecinos. Si dependiendo de la zona en la que vivían, había bonificaciones dependiendo de la situación, el ayuntamiento asumía una parte… Lo mismo ocurre en los negocios, aunque en este caso sí habrá diferencias respecto a su tamaño.
Uno de los focos de la polémica es que en 2026 todos los pueblos estarán reciclando la materia orgánica pero no por igual. Los municipios más grandes -Valderrobres, Beceite y Calaceite- empezarán a utilizar el quinto contenedor para residuos orgánicos que ya emplea Cretas y La Fresneda se incorporará en la recogida ‘Porta a porta’ que ya realizan el resto de pueblos. Sin embargo, los tributos serán para todos por igual independientemente de cómo reciclen aunque los datos de los programas difieren mucho. Eso sí, los que participen en uno de los dos tendrán una bonificación del 10%. Por ejemplo, con ese descuento en el caso de las viviendas se quedará en 145,50.
En cuanto a lo político, la modificación se aprobó con el voto a favor del grupo que gobierna en la Comarca, el Partido Popular; y el apoyo de Teruel Existe y Chunta Aragonesista. El PAR votó en contra y el PSOE se abstuvo.
No obstante, quien ha alzado la voz pública es Massalió Viu. Califican de «desorbitada» la subida y más comparándola con los precios de municipios más grandes como Alcañiz, donde en 2024 se pagaron 85 euros anuales. En su pueblos el incremento concreto será de 40 euros anuales, puesto que por vivienda se pasará de pagar 123,30 euros anuales (tarifa aprobada en 2024 y que ya tenía en cuenta los costes del servicio) a 165. También están en desacuerdo en que no se hayan incluido bonificaciones para «minimizar el impacto» para los pensionistas que viven solos, «que son las personas más vulnerables de nuestra sociedad rural».
También están en desacuerdo en que no se valore que hay municipios que se han integrado en el sistema ‘Porta a porta’ (los más pequeños), consiguiendo aumentar significativamente los porcentajes de residuos reciclados tanto frente a los pueblos más grandes que hasta 2026 no reciclarán la materia orgánica como con los que ya han implantado el quinto contenedor, «sistema los datos evidencian que logra unos datos menores». «¿No supone esto una despiadada inversión del principio de solidaridad territorial en la que los pequeños acaban pagando a los grandes?», se preguntan. Otra de las crítica la centran en que «privilegia» las actividades vinculadas al sector turístico al no reflejar la gran diferencia de generación de residuos de unas y otras.
Desde el equipo de gobierno, el presidente, Fernando Camps (PP) defiende que las tarifas son «el fruto de un acuerdo consensuado» por una comisión de trabajo y que no se ha presionado a ningún pueblo (todos los ayuntamientos aprobaron en pleno la tasa única y delegar las facultades en la Comarca). En cuanto a los precios, el Consorcio les ha incrementado notablemente lo que ellos pagan además de la incorporación de todos los pueblos a la recogida de materia orgánica les genera más gastos. También responde a Massalió Viu cuando habla de «solidaridad» aludiendo a que la han tenido hasta la fecha los pueblos grandes asumiendo el coste del Porta a Porta a desde su creación pese a que no lo tenían implantado. Respecto al coste del servicio de recogida «es el mismo que se prevé liquidar a los ayuntamientos en el ejercicio 2025 y no variará significativamente con respecto a lo que se cobre a los usuarios en 2026». «Lo que sí ha sucedido en algunos casos es que determinados Ayuntamientos no han cumplido con la obligación legal de repercutir el coste íntegro del servicio a los usuarios», afirma Camps.
El único que se ha posicionado en contra en la Comarca, el PAR, aboga por reducir los costes en vez de repercutir en los ciudadanos. Para ello, proponen crear el proyectado centro de tratamiento de residuos en La Fresneda y buscar ayuda de DGA por ser una zona pionera en la materia.
Teruel Existe justifica su voto positivo porque las tasas se han trabajado en un grupo de trabajo y la delegación del cobro se aprobó en los ayuntamientos. Abogan también porque el ‘Porta a Porta’ se extienda a los 18 pueblos y no solo se quede en 14.
Desde CHA se hace hincapié en que algunos ayuntamientos han estado subvencionando el coste de las basuras y que ahora por ley no puede ser así y todos los residentes van a pagar lo mismo independientemente de dónde vivan. Por su parte, el PSOE se abstuvo porque abogan por ampliar el ‘Porta a Porta’ a todos los pueblos pese a que su precio se dispararía.
