El cambio climático nos afecta ya en todos los ámbitos de la vida y en todas sus dimensiones: económica, social, de salud, en la vivienda, el medioambiente… Para combatirlo sin que nadie se quede atrás, se necesitan medidas políticas y sociales valientes y transformadoras, se necesita entender cómo se relacionan la desigualdad y el cambio climático.
Los hogares con menores recursos, las mujeres, jóvenes, personas mayores, comunidades migrantes, personas racializadas son los más vulnerables al cambio climático, los menos preparados para los impactos climáticos y son, por lo general, los menos escuchados. Por el contrario, las personas superricas son las que más Gases de Efecto Invernadero (GEI) emiten y las más influyentes. El concepto de desigualdad climática integra esas profundas disparidades en la contribución al cambio climático y en la exposición a sus impactos. En la actualidad, la desigualdad climática es una de las mayores injusticias y retos de nuestro tiempo.
Las consecuencias del cambio climático son devastadoras, con olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, inundaciones e incendios forestales que arrasan con amplias superficies. Los científicos advierten de que el tiempo se agota para evitar superar el 1,5ºC de aumento de las temperaturas en comparación con niveles preindustriales. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea, el año 2024 fue el primer año en el que la temperatura media superó claramente el umbral de 1,5ºC por encima del nivel preindustrial establecido en el Acuerdo de París.1 Europa es también el continente que más rápido se está calentando y España está en una posición particularmente preocupante.2 En este punto, no hay duda de que es fundamental darle máxima prioridad política y alcance territorial, actuando lo más cerca posible de la ciudadanía.
En línea de lo que Lucas Chancel plantea sobre la evidente tensión entre protección social y defensa de la naturaleza, nos preguntamos: ¿Se puede avanzar en la justicia social y, al mismo tiempo, hacerle frente a la emergencia climática?. Para afrontar la desigualdad climática, es indispensable abordar la perspectiva multidimensional (ingresos, salud, vivienda, educación…), la interseccionalidad (edad, género, país de origen…), la coherencia de políticas (a todos los niveles, tanto estatal, autonómico, municipal, como internacional) y un amplio consenso político y social. El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a los riesgos climáticos que ya afrontamos (adaptación) y de promover cambios transformadores que reduzcan las emisiones y los riesgos futuros (transición), redistribuyendo tanto el coste como los beneficios. Esto solo se puede conseguir huyendo de las políticas de austeridad, promoviendo políticas fiscales progresivas y mecanismos de compensación y aprovechando la acción climática como motor de recuperación económica.
Este informe analiza diversas formas de desigualdad climática en nuestro país y su parte de responsabilidad a escala global. Explora la desigualdad en las emisiones de carbono, en los impactos del calentamiento global y las distintas capacidades para hacerle frente, y en la participación de los distintos agentes sociales en la toma de decisiones sobre políticas que Introducción 3 nos afectan a todas las personas. El informe desgrana algunas propuestas de solución y plantea recomendaciones para una adaptación y una transición energética4 justas, equitativas y sostenibles, que no sean a costa del bienestar social y ecológico, es decir, con miras a una mayor justicia climática. Ambas deben evitar reproducir los desequilibrios del pasado y asegurar un reparto justo y equitativo de los costes, de las oportunidades y de los beneficios del cambio.
