En 2025 se cumplieron ochenta años desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Fue el momento en que la comunidad internacional decidió dedicar a la paz el mismo esfuerzo que había sido necesario para poner fin a la guerra. Y esa decisión quedó también recogida en una imagen que sigue marcando nuestro tiempo: Eleanor Roosevelt mostrando al mundo, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ese anhelo sigue vigente y se traduce en metas concretas: vivir sin miedo a la guerra, al hambre o a la enfermedad; respirar aire limpio; acceder a la educación; vivir en igualdad y sin discriminación.
Hoy, sin embargo, ese horizonte se ve amenazado por un contexto de creciente incertidumbre. Las tensiones geopolíticas y la emergencia climática avanzan al mismo tiempo y ponen en riesgo el futuro del planeta y de las próximas generaciones. Por eso es más necesario que nunca reforzar el orden multilateral y defender los principios de paz, libertad, dignidad y autonomía que están en el corazón de la Carta de las Naciones Unidas.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son hoy el marco más ambicioso con el que cuenta la comunidad internacional para orientar el desarrollo social, económico y ambiental. España fue uno de los primeros países en dotarse de un ministerio específico para impulsar su cumplimiento. Y desde 2018, nuestro país ha presentado tres Exámenes Nacionales Voluntarios ante Naciones Unidas, siendo además el primero de la Unión Europea en hacerlo por tercera vez. Es una muestra de compromiso, de transparencia y de rendición de cuentas.
La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada en 2021, traduce ese compromiso en resultados que se sienten en la vida diaria de los ciudadanos. El año pasado, la población en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el nivel más bajo de la última década, y la carencia material severa descendió hasta el 8,3 %. El Ingreso Mínimo Vital protege hoy a casi dos millones y medio de personas. Y la Ley de Cambio Climático marca un rumbo claro hacia la neutralidad de emisiones, compatible con el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social.
Estos avances nos animan, pero también nos recuerdan lo mucho que aún queda por hacer. Y nos reafirman en principios esenciales: que la protección social refuerza la democracia; que la justicia climática y la justicia económica van de la mano; y que las políticas ambiciosas funcionan cuando ponen en el centro a la mayoría social. Demuestran, además, que los compromisos internacionales pueden traducirse en mejoras reales para la ciudadanía.
La Estrategia entra ahora en una nueva etapa. Su revisión incorpora las aportaciones de comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones sociales y agentes económicos, recogidas en el último Examen Nacional Voluntario. España ha ido consolidando así un modelo de gobernanza participativa en torno a la Agenda 2030, en el que las instituciones y la ciudadanía trabajan juntas para responder a los desafíos del presente.
Quienes redactaron la Carta de las Naciones Unidas lo hicieron entre ruinas, pensando en quienes vendrían después. La Agenda 2030 recoge, décadas más tarde, ese mismo compromiso con el futuro. En un momento en el que el orden multilateral atraviesa tensiones sin precedentes, España reafirma su determinación de defenderlo y fortalecerlo, con políticas que dan respuesta a los grandes retos globales y con la convicción de que la paz, la prosperidad y la sostenibilidad sólo son posibles si se construyen de manera compartida.
La revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 forma parte de ese esfuerzo democrático por legar a presentes y próximas generaciones un futuro más justo, más seguro y más habitable.