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El Gobierno aprueba el decreto para que los ayuntamientos fijen las zonas de bajas emisiones

El Consejo de Ministros ha aprobado en su última reunión del año el real decreto que regula las zonas de bajas emisiones. Los 149 municipios de más de 50.000 habitantes que hay en España están obligados a contar con áreas de restricción al tráfico de los vehículos más contaminantes a partir del 1 de enero de 2023, según establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sin embargo, muy pocos van a cumplir. Y uno de los argumentos que usan los alcaldes es que el Gobierno no había aprobado el real decreto de desarrollo de esas zonas, por lo que pedían una moratoria.

Aunque el real decreto no se ha aprobado hasta ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica, que ha rechazado conceder ese tiempo extra a los municipios, argumenta que los municipios conocían las directrices de aplicación desde “el pasado 19 de noviembre de 2021″, cuando el departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) presentaron una guía con las indicaciones para poner en marcha este tipo de medidas, que buscan mejorar la calidad el aire.

En un principio, el ministerio no contemplaba aprobar un real decreto y consideraba que con esas directrices era suficiente, pero varios reveses judiciales contra las zonas de bajas emisiones del área metropolitana de Barcelona y otras ciudades hicieron que se optara por elaborar una norma que ofrezca más seguridad a los regidores frente a las denuncias que se presenten en los tribunales. El texto del real decreto fue expuesto a exposición pública en abril y hasta ahora se ha estado tramitando.

Pero el incumplimiento de la Ley de Cambio Climático va a ser masivo. Según la consulta que EL PAÍS ha realizado a los 149 municipios afectados, tan solo 20 afirman que llegarán a tiempo para tener en marcha sus zonas de bajas emisiones en enero. Muchos consistorios argumentaban la falta de ese real decreto para no cumplir con la ley y otros ofrecían interpretaciones libres sobre la fecha en la que estaban obligados a ponerlas en marcha (la norma no deja lugar a dudas cuando establece que debe ser “antes de 2023″).

Ecologistas en Acción, que desde un principio había pedido que se regularan estas zonas a través de un real decreto, critica la actitud de los alcaldes. “Los ayuntamientos sabían desde hace más de tres años que deberían aprobar sus zonas de bajas emisiones, porque todos los borradores de la ley [aprobada definitivamente en mayo de 2021] así lo establecían”, explica Carmen Duce, de esta organización ecologista. Además, esta activista recuerda que los municipios incluso han contado con 1.500 millones de euros de fondos europeos para desarrollar esta medida. A pesar de eso, el incumplimiento va a ser generalizado.

Ecologistas en Acción, como otras organizaciones conservacionistas, critican el trasfondo electoral que hay tras esta desobediencia a la ley: muchos alcaldes opinan que aprobar restricciones al tráfico les restará votos en las elecciones municipales de mayo. “Estamos hablando de vidas humanas, de salud”, se queja Duce ante la actitud de los regidores.

La FEMP, que preside el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha pedido en varias ocasiones desde el pasado verano una moratoria al ministerio. Pero, tras publicar EL PAÍS a finales de octubre que solo el 13% de los 149 afectados tenía intención de cumplir con la ley, el departamento de Ribera rechazó de plano conceder un tiempo extra, siempre con el argumento de que los regidores conocían desde 2021 las directrices de aplicación de estas zonas.

El ministerio ha explicado que el desarrollo del real decreto aprobado este martes “define unos objetivos concretos y cuantificables” para que las zonas de bajas emisiones puedan ser “convenientemente monitorizadas y evaluadas”. Además, “establece los requisitos mínimos que deben cumplir estas zonas en aspectos clave como extensión, la delimitación o las condiciones de acceso, aportando seguridad jurídica a particulares y empresas mediante una legislación homogénea en todo el territorio nacional”.

Además, el ministerio ha explicado que las zonas de bajas emisiones “deberán contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático”, además de ayudar reducir la contaminación acústica e impulsar el cambio en la movilidad. “Todo ello resultará en una mejora de la salud de la ciudadanía y la calidad de vida urbana, impulsando una movilidad más sostenible e inclusiva con menor impacto en la calidad del medio ambiente sonoro, y fomentando la movilidad activa y la recuperación del espacio público”, sostiene Transición Ecológica.

Fuente: El País. Manuel Planelles