El Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta mañana de urgencia la creación de una Zona de Bajas Emisiones provisional en la ciudad para dar cumplimiento a la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer en su casco urbano estas áreas de acceso restringido a determinados vehículos.
A propuesta del Área de Servicios Públicos y Movilidad, el Gobierno de Zaragoza ha acordado la definición provisional de una Zona de Bajas Emisiones comprendida entre Paseo Echegaray, San Vicente de Pául, Coso, Conde Aranda y calle Mayoral. Se trata de una primera fase de intervención con la que el Ayuntamiento de Zaragoza cumple un triple objetivo: ajustarse a la normativa nacional que obliga a crear estas zonas de acceso restringido a vehículos, evitar la pérdida de fondos económicos europeos vinculados a la reducción de emisiones a la atmósfera, y concienciar a los ciudadanos de forma gradual para que sepan quiénes pueden acceder y quienes tienen el paso restringido.
La entrada en funcionamiento de la zona de bajas emisiones no supondrá en ningún momento la aplicación de sanciones al ciudadano, sino que tendrá un marcado carácter didáctico y se trabajará en la concienciación progresiva hasta la aprobación de una nueva ordenanza municipal.
De momento, en esta primera fase, la superficie quedará delimitada mediante señalización vertical y horizontal, que ya ha sido instalada en las últimas horas por el Servicio de Movilidad Urbana conforme a la señalización establecida en la Instrucción MOV 3/21 de la Dirección General de Tráfico. Según establece la Ley, la peculiaridad de las zonas de bajas emisiones es que solamente podrán circular y estacionar en ella los vehículos autorizados por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Concretamente, el Gobierno de la ciudad permitirá el acceso a vehículos con etiqueta ambiental B, C, ECO y CERO; ciclomotores, bicicletas y vehículos de movilidad personal; vehículos asociados a propietarios, arrendatarios de viviendas, garajes, locales comerciales; a repartidores de mercancías, montadores, de mudanzas, de obras, nupciales y funerarios; vehículos sanitarios, de emergencias, cuerpos de seguridad y servicios públicos; así como a aquellos coches oficiales y que accedan a zonas de estacionamientos de hoteles, hostales, hospitales y aparcamientos públicos o privados en régimen de rotación; y a todos aquellos autorizados por el ayuntamiento.
Hasta la aprobación de la ordenanza y la colocación de los nuevos sistemas de control de acceso, estacionamiento y vigilancia en la zona de bajas emisiones, esta labor la realizará la Policía Local de Zaragoza, aunque no se aplicarán sanciones en esta primera fase. Se garantiza así un periodo de transitoriedad para una adecuada adaptación ciudadana, en la que no se sancionará a los conductores que incumplan la señalización, pero sí se les advertirá.
De igual modo, el Ayuntamiento pondrá en marcha campañas informativas que expliquen el alcance de la norma aprobada por el Gobierno de España, así como de la nueva Zona de Bajas Emisiones provisional. INSEGURIDAD JURÍDICA Con la aprobación de la zona de bajas emisiones, que entrará en funcionamiento de inmediato, se da cumplimiento a las exigencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), exigencias definidas en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.
“El motivo por el que se pone en marcha esta zona de bajas emisiones provisional, reducida a una parte del Casco Histórico, es la inseguridad jurídica que ha generado el Gobierno central, al no aprobar en tiempo y forma un Real Decreto a partir del que cada administración local pueda desarrollar una ordenanza con las debidas garantías”, explicó la consejera de Servicios Públicos y Movilidad Urbana, Natalia Chueca.
“Este gobierno ha hecho los deberes a pesar de la falta de sensibilidad del Gobierno de España y del Ministerio, que han hecho caso omiso a las peticiones de los ayuntamientos y han generado una incertidumbre que podría haberse evitado”.
El Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros llega tres días antes de que finalice el año y de que entre en funcionamiento de las zonas de bajas emisiones exigidas para todos los municipios de más de 50.000 habitantes. “Los técnicos municipales, que llevan meses trabajando en el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones, todavía no han podido ver el contenido de ese Real Decreto, y en consecuencia no han podido elaborar una ordenanza que garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos”, subrayó Natalia Chueca.
Será ahora, una vez entre en vigor el Real Decreto, cuando se inicie de forma inmediata la elaboración y tramitación de la ordenanza municipal correspondiente, que podrá ser una norma independiente o integrarse en la Ordenanza de Movilidad Sostenible. La consejera subrayó que, en el caso de Zaragoza, no existen problemas de contaminación en el aire ni casos extremos, motivo por el que se mostró partidaria de actuar de forma gradual.
“El objetivo de la Ley 7/2021 no es crear estas zonas de restricción del uso de vehículos, sino reducir las emisiones a la atmósfera para lograr una mejora de la calidad del aire, algo que en Zaragoza ya llevamos trabajando desde hace tres años con otras medidas como la sustitución de la flota de autobuses tradicional por vehículos 100% eléctricos o fomentando el uso de la bicicleta y vehículos de movilidad personal sin emisiones”, expuso la consejera.