Pocos dudan de que el futuro (y buena parte del presente) del coche es eléctrico. Pero eso no implica que el ocaso del motor de combustión en Europa sea sencillo de gestionar. Tras las presiones ejercidas por una buena parte de la industria del automóvil, con el respaldo de muchas organizaciones sindicales y de los gobiernos de Italia y Francia, el Consejo de la UE (donde están representados los Gobiernos de los Veintisiete) aprobó esta semana una propuesta para rebajar la aplicación de las nuevas reglas sobre contaminantes para los automóviles y vehículos pesados, la conocida como Euro 7. Aunque esta decisión se circunscribe solo a la última generación de motores de combustión que se fabricarán en la UE, desde los grupos de activistas climáticos la propuesta se interpreta como un paso más en la ralentización de la agenda verde europea tras el viraje impuesto por los conservadores europeos en Bruselas empujados por el avance de la ultraderecha.
Los nuevos límites para los contaminantes que expulsan los motores de gasolina y diésel debían entrar en vigor en 2025 para los turismos y en 2027 para los vehículos pesados, según la propuesta presentada hace un año por la Comisión Europea. Pero bloquear esta norma ha sido uno de los objetivos abiertamente declarados que se ha fijado el Ejecutivo italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni desde que accedió al poder a finales de 2022. En los últimos meses, Italia ha ido sumando apoyos hasta armar un bloque de ocho países contrario a la propuesta de la Comisión en los que también están Francia, Bulgaria, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania y Eslovaquia. Finalmente, la reunión del pasado lunes del Consejo de la UE fijó una posición al gusto de este bloque que incluye, entre otros asuntos, un retraso de dos años en la entrada en vigor de los nuevos límites para contaminantes como las partículas y los óxidos (hasta 2027 en el caso de los vehículos ligeros y hasta 2029 en el caso de los pesados).
“El nivel de ambición queda por debajo de la tecnología”, lamentó en la reunión del Consejo Sven Giegold, ministro de Economía y Acción Climática de Alemania, que se negó a apoyar la propuesta, al igual que Dinamarca e Irlanda. “Da a la industria unas condiciones justas y previsibles”, contrapuso el representante de la República Checa. La propuesta que salió adelante fue apadrinada por España, que ostenta este semestre la presidencia del Consejo de la UE. “Es un texto transaccional que representa un equilibrio adecuado”, defendió el ministro español de Industria, Héctor Gómez. “Es un compromiso cuidadosamente equilibrado”, abundó.
La industria y sindicatos como CC OO han aplaudido la rebaja de la norma Euro 7. Argumentan que ahora están centrados en la transición hacia el coche eléctrico porque a partir de 2035 no se podrán vender en Europa turismos que emitan dióxido de carbono, lo que implica el fin de los motores de combustión. Hacer todavía más limpia la última generación de motores de gasolina y diésel supone incrementar más los costes, arguyen.
Pero si en un lado están las inversiones y los empleos, en el otro está la salud. Como recordaron varios de los ministros el pasado lunes en la reunión del Consejo, en Europa se producen al año unas 300.000 muertes prematuras debido a la contaminación del aire, que está causada por los motores de combustión, entre otros emisores.
Para Francesco Forastiere, un reputado epidemiólogo italiano experto en contaminación, lo aprobado por los Veintisiete es “un favor a la industria y significa un retroceso para Europa en el logro de una buena calidad del aire”. “Es una oportunidad perdida para mejorar la salud y la calidad del aire”, añade Isabell Büschel, directora en España de la ONG europea Transporte y Medio Ambiente. A lo mismo apunta María Neira, médica y directora del área de Salud Pública y del Medio Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Estos contaminantes causan problemas respiratorios y cardiovasculares en la población”, dice sobre las sustancias que limita la Euro 7. “El retraso en la implementación de la normativa prolonga la exposición y afecta la salud de las personas”, advierte Neira.
“No es el camino correcto”, añade Felipe Rodríguez, subdirector en Europa de la organización Consejo Internacional de Transporte Limpio. Pero este experto recalca que la norma afecta a la “última generación de motores de combustión”, no a la apuesta de fondo por el coche eléctrico de la UE: “El veto a los motores de combustión en 2035 no está en riesgo”.
Negociación a tres bandas
Lo acordado el lunes en el Consejo de la UE es la posición que defenderán los Veintisiete en las próximas semanas cuando llegue el momento de negociar con el resto de instituciones europeas. Las normas comunitarias se acuerdan a tres bandas: los Veintisiete, la Comisión y el Parlamento europeo. De estos tres, la Eurocámara es la única que todavía no ha fijado posición sobre la Euro 7. En los últimos años, la postura del Parlamento siempre había sido la más ambiciosa de los tres en los asuntos medioambientales, pero el giro en las políticas climáticas que ha dado el PP, presionado por el avance de la ultraderecha, ha roto esa tradición.
Eso mismo —que del Parlamento salga una postura también de rebaja de la Euro 7— es lo que se teme ahora. Javier López, europarlamentario socialista, explica que el informe sobre esta norma está en manos de un miembro de la Eurocámara de la extrema derecha. Esto, unido a los últimos posicionamientos de los populares europeos sobre asuntos medioambientales, no augura un aumento de la ambición tampoco en este caso. “Todo el paquete del Pacto Verde tiene dificultades ahora”, lamenta López.
Estrategia europea
Los grupos ecologistas interpretan también la rebaja de la Euro 7 como un paso más en el debilitamiento de la agenda verde. “Esto no es un hecho puntual”, asegura Ariadna Rodrigo, de la oficina de Greenpeace en Bruselas. Rodrigo señala también al cambio de posición de los populares europeos como responsable de un proceso que puede hacer que las políticas climáticas “avancen de manera más lenta”.
Los grupos ecologistas de la UE tienen ahora puesta la vista en la cumbre informal de jefes de Estado que se celebrará a finales de la próxima semana en Granada bajo la presidencia española del Consejo. Está previsto que en esa cita se apruebe una declaración conjunta sobre la nueva agenda estratégica de la UE para los próximos cinco años. En el borrador de declaración elaborado por el Gobierno español que a finales de la semana pasada estaba circulando se hacen algunas menciones a los compromisos climáticos de la UE, a la descarbonización o a los “riesgos climáticos”, pero los grupos ecologistas consideran que es poco ambiciosa.
“Esta propuesta de la presidencia española es extremadamente decepcionante y un gran paso atrás en comparación con la agenda estratégica actual”, sostiene William Todts, director ejecutivo de Transporte y Medio Ambiente. “Se presenta como si los fenómenos meteorológicos extremos de este verano nunca hubieran ocurrido”, añade Todts. “El clima, la industria y la energía deberían ser una prioridad máxima y necesitamos que nuestros líderes establezcan una visión de cómo profundizarán y acelerarán el trabajo iniciado como parte del Pacto Verde de la UE”, concluye Todts.
La agenda estratégica es el documento que fija las directrices que debe seguir la UE en los siguientes cinco años. La actual, que data de 2019, cuenta con cuatro puntos. Y uno de ellos es “construir una Europa climáticamente neutra, verde, justa y social”. En el borrador de la declaración de Granada no hay ningún apartado concreto sobre medio ambiente. Son cinco: “defensa”, “resiliencia y competitividad”, “compromiso global”, “migración” y “ampliación”. “La lucha contra el cambio climático no se ve como una prioridad”, resume Rodrigo, de Greenpeace. Neira, de la OMS, advierte de las consecuencias: “Menos ambición y el retroceso en la agenda verde europea suponen más casos de asma, EPOC, cáncer de pulmón, ictus, enfermedades cardiovasculares…”.
