La Comisión Europea quiere “desatar todo el potencial” de la bicicleta como medio de transporte “sostenible, accesible, incluyente, económico y sano” en toda la UE. Una apuesta que pasa por la creación de una infraestructura adecuada y, sobre todo, segura, lo que a su vez implica carriles bici seguros, separados y protegidos, advierte Bruselas. Así se destaca en una propuesta de declaración que se ha presentado este miércoles, en el marco de la primera de las jornadas de movilidad urbana de la UE que se celebran en Sevilla hasta el viernes. Mientras, la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, ha criticado a las urbes españolas que están eliminando carriles bici y ha defendido las zonas de bajas emisiones, que siguen sin arrancar en España.
La declaración, un documento no vinculante con el que el Ejecutivo europeo explica una posición sobre un tema específico, pero sin abrir ningún tipo de camino legislativo, reconoce la bicicleta como un medio de transporte y ocio “de importancia clave para la sociedad y economía europeas”. Una vez sea revisada y firmada también por la Eurocámara y el Consejo de la UE, la declaración deberá servir de “brújula estratégica” para políticas e iniciativas “existentes y futuras” que promocionen el uso de la bicicleta.
Una de las claves en la promoción de este medio de transporte es, señala la propuesta de declaración, la “mejora de la calidad, continuidad y atractivo de la infraestructura” para la bicicleta. En este sentido, insta a los Estados miembros a comprometerse a “incrementar de forma significativa y coherente” los carriles bici, poniendo especial atención en “darles suficiente espacio a los ciclistas y otros usuarios vulnerables de las carreteras para incrementar los niveles de seguridad, en particular mediante la separación física de los carriles bici del tráfico motorizado, ahí donde sea posible”.
“La seguridad es un requisito previo para alentar el uso de la bici, ya que los ciclistas son vulnerables: el 9% de las muertes en accidentes de tráfico en la UE son de ciclistas”, ha recordado la comisaria de Transporte, Adina Valean, en un comunicado, en el que también ha subrayado que el impulso a la bicicleta ayudará a “estimular la creación de empleos de alta calidad, incluidos el entrenamiento y el turismo de bicicleta”. Según ha recordado, en 2022, se produjeron 14,7 millones de bicis en la UE, un 29% más que en 2012.
Además, el texto propone, entre otros, “compromisos claros” para vincular mejor la bici con el transporte público, espacios de aparcamiento seguro —el robo de bicis es uno de los mayores problemas en las ciudades con mayor uso de este medio de transporte—, el despliegue de puntos de recarga para bicis eléctricas y hasta “autopistas de bicicleta que conecten ciudades con áreas rurales”. La declaración se ha producido en Sevilla, donde diversos actores, desde políticos a expertos en movilidad hasta representantes de la industria, están discutiendo vías para favorecer un transporte sostenible en unas jornadas que se prolongan hasta el viernes.
Jesús Freire, secretario general de AMBE —la patronal del sector en España—, señala desde la capital andaluza: “Es una declaración muy positiva, porque incluye medidas concretas como dar prioridad a la bicicleta como un medio de transporte, ocio y turismo, dedicar fondos europeos a infraestructuras ciclistas, carriles bici separados, aparcamientos para bicis… También se propone a los Veintisiete dar ayudas para apoyar la compra de bicicletas y reducir su IVA para hacerlas más asequibles”.
Polémica en España
Tiene un gran valor simbólico que la declaración se produzca en España, donde la derecha ha abierto un frente en varias ciudades contra iniciativas a favor de la movilidad sostenible. De hecho, varios ayuntamientos que el pasado mayo estrenaron gobiernos del PP y Vox han amenazado con eliminar infraestructuras ciclistas e incluso lo han llevado a cabo ya —como en Elche, Gijón, Logroño o Valencia—. Raquel Sánchez, ministra de Transportes en funciones, ha criticado en Sevilla estas iniciativas: “Nos piden coherencia en nuestras decisiones; hoy no podemos hacer un carril bici y al mes decidir suprimirlo”. El departamento envió hace unas semanas una carta a los 200 municipios que han recibido fondos Next Generation avisándoles de que esta decisión puede suponer tener que devolver los fondos europeos para movilidad sostenible.
Tal y como recoge un comunicado del ministerio, Sánchez también ha criticado los retrocesos en las áreas de tráfico restringido. “No debemos reducir o retirar las zonas de bajas emisiones. No es aceptable”, ha explicado, en referencia a ciudades como Badalona, que ha anunciado su intención de paralizar su zona de bajas emisiones, y de otras urbes que todavía no las han puesto en marcha pese a ser obligatorias por ley desde el pasado 1 de enero. En este caso, también pueden enfrentarse a una devolución de fondos.
“Debemos situar la seguridad en el núcleo de la movilidad activa. No podemos permitirnos nuevos riesgos para los más vulnerables y que se generen rechazos a esas nuevas formas de movilidad. La movilidad en los núcleos urbanos debe tener como objetivo el no dejar a nadie atrás”, ha finalizado.
