Los grupos parlamentarios han acordado el veto a los proyectos de hidrocarburos y minas de uranio. También han fijado zonas de bajas emisiones a partir de 2023.
Continúa su andadura parlamentaria la hoja de ruta de España para mitigar y adaptarse a la crisis climática. Este martes, se ha celebrado a puerta cerrada la segunda ponencia para negociar las 757 enmiendas presentadas a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
En esta ocasión, se han abordado los artículos entre el 8 y el 14. A diferencia del primer encuentro, los partidos del Gobierno han encontrado un mayor consenso a pesar de debatirse temas polémicos. Sin embargo, se trata únicamente de una fase de negociación. Una vez terminen las ponencias, el texto final se decidirá en la Comisión de Transición Ecológica, por lo que aún hay margen para cambios y mejoras.
Sobre el artículo octavo del texto, dedicado a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, se ha aprobado una enmienda presentada por los propios impulsores de la ley, Unidas Podemos y PSOE. Con los votos a favor de ERC, EH Bildu, PNV y Teruel Existe, además del PP, se ha acordado incluir un nuevo artículo que veta expresamente las minas de uranio. A partir de la entrada en vigor de la ley, no se admitirán nuevas solicitudes para exploración, investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas de minas ni minerales radiactivos, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles.
Esto impediría, defienden desde Unidas Podemos, la construcción de la mina de uranio en Retortillo, en Salamanca, de la compañía australiana Berkeley. La empresa, por su parte, no piensa lo mismo. Este miércoles ha asegurado que la ley no supondrá la cancelación de ninguna de sus concesiones de explotación ni derechos ya adquiridos, ya que hace referencia explícita a «nuevas solicitudes».
Actualmente, Berkeley está pendiente de la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico autorice o no la concesión minera. De no llegar esa autorización antes de que la ley se apruebe supondría dar el carpetazo definitivo al proyecto, según el diputado de UP, Juan López de Uralde, en declaraciones a Europa Press.
Otra novedad del artículo 8 tiene que ver con lo relativo a la prohibición de la exploración de hidrocarburos. Se ha añadido al texto inicial que «no se admitirá a trámite la solicitud de concesión de autorización de explotación que no hubiere sido iniciada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley».
Tanto Ciudadanos como PNV se han abstenido en la votación, mientras que VOX y Más País-Equo han mostrado su rechazo, aunque cada uno por evidentes razones distintas. Desde la formación liderada por Iñigo Errejón consideran positivo el veto al uranio pero insuficiente la parte de hidrocarburos, ambas votadas conjuntamente.
Y es que el texto nuevo «no resuelve rotundamente tanto la exploración como la explotación», asegura Inés Sabanés, la diputada de MP-Equo presente en las ponencias. «Como nos preocupa y lo tenemos más claro en nuestras enmiendas, lo defenderemos en la Comisión», añade. En concreto, se quejan de que, tal y como está redactada la ley ahora, esta no permitiría detener la exploración de gas en proyectos como el del Pozo de Armentia en Álava. Desde UP lo confirman pero defienden que, de concederse una licencia de explotación, la nueva ley impediría la explotación de yacimientos.
No más ciudades contaminadas
«No más tarde de 2023» todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes tendrán su particular Madrid Central. El proyecto de ley recoge en su artículo 12 la obligación de crear zonas de bajas emisiones. Esta medida, que afectará a cerca de 150 ciudades –la mitad de la población española– permitirá reducir los niveles de contaminación atmosférica producida por el tráfico rodado, que causa cada año miles de muertes y enfermedades.
Esta y otras medidas relativas a la movilidad sostenible han salido adelante con el apoyo de Unidas Podemos, PSOE, Teruel Existe, Bildu, PNV y Ciudadanos. Tanto PP como ERC han votado en contra; y Vox y Más País-Equo se han abstenido. Desde este último consideran 2023 muy tarde y optan por 2022. También ven muy lejano el fin de los coches contaminantes, fijado por la ley para mediados de siglo. La formación verde opta por que esto ocurra en 2040.
También se han introducido cambios relevantes en el artículo 11. Ahora, el nuevo texto excluye al transporte aéreo de los «objetivos de energías renovables y combustibles alternativos». Por tanto, serán el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quienes fijen conjuntamente un horizonte para la inclusión de nuevos combustibles limpios en este sector.
Poco a poco, la coalición de Gobierno suma nuevos apoyos a la ley. Sin embargo, todavía cuenta con un oponente claro: Más País-Equo. Esta formación insiste en que la ley está muy por debajo de lo que reclama la ciencia para hacer frente a la crisis climática. «La ley es insuficiente. Debería, porque es posible, ser mucho más ambiciosa», explica Sabanés.
Según ella, todos los grupos deben «hacer un esfuerzo para hacer un acompañamiento al Gobierno para que aumente el nivel de ambición y clarificar algunas cuestiones». En este sentido, confía en poder mejorar el texto durante la Comisión, sobre todo, lo relativo al objetivo de reducción de emisiones. En la anterior ponencia se acordó un 23% para 2030, mientras que su formación reclama un 55%: «Nosotros nos queremos alinear con Europa y la ciencia, los que no, ya veremos».
Fuente: Climatica-LaMarea
