La Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político sobre la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca recuperar el 20 % de ecosistemas terrestres y marinos dañados de la Unión Europea para 2030, y todos ellos para mitad de siglo.
“Hemos logrado un acuerdo para recuperar aquello que nos genera no solamente vida, también servicios económicos y sociales, que impacta en el bienestar de las personas y en la viabilidad de la mayor parte de nuestras actividades, incluida, cómo no, la seguridad alimentaria”, señalaba la ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.
En representación de la presidencia española del Consejo de la UE, Ribera se desplazó a Bruselas para liderar la negociación final entre los Estados miembro y el Parlamento Europeo, que tuvo como ponente al eurodiputado español César Luena (PSOE).
“Después de setenta años de iniciar el proyecto europeo, vamos a tener una política común de restauración de la naturaleza, que es importantísima porque no solamente resuelve el estado de los ecosistemas que están degradados, sino que además sirve para luchar contra los efectos del cambio climático”, declaró Luena tras el pacto.
La Ley de la Restauración de la Naturaleza parte de una propuesta lanzada en diciembre de 2022 por la Comisión Europea para acompasar el paso con los acuerdos sobre biodiversidad alcanzados en la COP15 de Naciones Unidas.
Como complemento de otros instrumentos legales de la UE, como las Directivas Hábitas y Aves o la Red Natura 2000, la nueva normativa busca reparar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030 y todos ellos para el 2050 a través de objetivos vinculantes.
El acuerdo final contempla que, hasta 2030, se priorice la restauración de los espacios de la red Natura 2000, una de las muchas flexibilidades que se han introducido para forjar un pacto difícil.
Además, los países tendrán requisitos específicos para corregir la disminución de polinizadores y el objetivo de restaurar para 2030 el 30 % de las turberas vaciadas para uso agrícola; mantener madera muerta en los bosques para mejorar la biodiversidad de los ecosistemas forestales; no reducir espacios verdes urbanos y eliminar barreras artificiales de los ríos.
Para superar el controvertido escollo de la financiación, se acordó que la Comisión presente un informe sobre los recursos financieros disponibles a nivel comunitario, de las necesidades y, si procede, que haga una propuesta para aumentar la dotación en el presupuesto de la UE.
Y en un guiño a los agricultores, el texto acordado permite suspender las medidas del reglamento hasta un año “por razones de emergencia no esperadas no sea posible cumplir con algunos de estos objetivos en el plazo previsto”, explicó Ribera.
No se esperaba que fuera un expediente polémico, pero la ley de la naturaleza, a la que se opusieron desde el principio las grandes explotaciones agrarias, representadas por la plataforma Copa-Cogeca, se envenenó políticamente ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo a mediados de 2024. Una carrera de obstáculos
El líder del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, convirtió la futura normativa en un arma arrojadiza contra la agenda verde de la Comisión, acercándose a los postulados de la extrema derecha en busca del voto agrícola, en un momento en que cobran fuerza partidos o asociaciones agrarias en Países Bajos, Polonia o Austria.
Los populares aseguraban que la ley amenaza la seguridad alimentaria, obliga a los campesinos a ceder parte de sus tierras para preservar la biodiversidad y compromete el despliegue de infraestructuras de energías renovables, mientras que la extrema derecha asegura que es producto del “fanatismo climático”.
En el campo contrario, socialdemócratas, verdes, izquierda y mayoría de los liberales defendieron el texto, así como las oenegés ecologistas, otras plataformas agrícolas, la comunidad científica, los cazadores, las empresas de energías renovables, un amplio surtido de multinacionales y cerca de un millón de ciudadanos, que han firmado una petición a favor de la ley.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se puso de perfil para esquivar el fuego amigo mientras que los democristianos hacían todo lo posible por impedir que la Eurocámara tramitase el texto, sometiéndolo a varias votaciones agónicas en las comisiones parlamentarias y en el pleno para rechazar la negociación y forzar a que el Ejecutivo hiciera una nueva propuesta.
Finalmente, el PPE fracasó y el Parlamento Europeo logró dotarse de un mandato negociador por un estrecho margen -336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones- gracias a un pacto entre socialistas, liberales, verdes e izquierda, y a 21 de los 178 europarlamentarios del PPE que rompieron la disciplina de voto.
Todo ello generó “una situación inusual”, según la describen fuentes europeas, ya que los Estados miembros llegaron a la negociación final con una posición más ambiciosa que la Eurocámara, que en cuestiones medioambientales suele llevar la delantera.
El acuerdo político alcanzado en la negociación aún tendrá que ser validado tanto por los Estados miembros a través del Consejo de la UE como por el pleno de la Eurocámara.
