España, como miembro de la Unión Europea, tiene el compromiso , junto al resto de Estados miembro, debe alcanzar la neutralidad climática en 2050. Uno de los factores clave para alcanzar este objetivo es la descarbonización del sector eléctrico. Para ello, se requiere su rápida transformación, siendo necesaria la instalación de nueva capacidad de generación renovable y el abandono total de las energías de origen fósil, además de otras medidas en otros sectores.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, a lo largo de la próxima década España verá prácticamente doblada la potencia de su parque generador renovable, pasando de los 60 GW de 2020 a los 115 GW en 2030. Las tecnologías que más verán aumentada su potencia instalada serán la eólica (+23 GW) y la fotovoltaica (+27 GW). El despliegue de estas dos tecnologías permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero gracias al desplazamiento del uso de energía de origen fósil. sin embargo, un despliegue a gran escala podría ocasionar importantes impactos sobre la biodiversidad y el territorio, causados principalmente por la pérdida de hábitats naturales y las alteraciones en estos, junto con los impactos en las especies debido entre otros a las colisiones de aves y murciélagos con los álabes de los aerogeneradores y la ocupación de grandes extensiones de suelo.
Ante esta situación es necesario que se reconozca, se estudie y se entienda la profunda interrelación entre el despliegue masivo a gran escala de energía eólica y fotovoltaica y la conversación de la biodiversidad y territorio en los procesos de toma de decisiones. Por tanto, resulta fundamental explorar y entender cómo pueden prevenirse estos potenciales impactos, logrando conciliar el despliegue de energías renovables con la protección del medio ambiente.
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