El cambio climático es, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “la crisis definitoria de nuestro tiempo” (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2022). Aunque algunas de sus consecuencias son ya inevitables y, de hecho, las estamos sufriendo, aún existe margen de actuación para tratar de contener los peores efectos de esta crisis de dimensiones globales y transformar los retos que plantea en oportunidades de futuro. El último informe del IPCC nos vuelve a alertar: los compromisos climáticos actuales de todos los países del mundo podrían no ser suficientes para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C, un umbral considerado necesario por los científicos para prevenir los efectos más graves del cambio climático.
En este sentido, y a pesar de que este es un tema sobre el que se ha estado alertando desde la sociedad científica desde, incluso, antes del protocolo de Kioto (1997), no fue hasta el Acuerdo de París (2015), por el amplio consenso conseguido , cuando los gobiernos de los diferentes países, así como agentes privados y organizaciones de la sociedad civil, comenzaron a desarrollar en conjunto distintos discursos y estrategias que, en algunos casos, se ven materializadas a través de políticas públicas más o menos acertadas.
Con el objetivo de facilitar el desarrollo e implantación de estrategias y objetivos para luchar contra el cambio climático y mitigar sus peores efectos, la ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción global adoptado por los países miembros, entre los que se encuentra España (Organización de las Naciones Unidas (ONU), s.f.), que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen desde la erradicación de la pobreza hasta la igualdad de género alrededor de todo el mundo. En particular, el ODS 11, “Ciudades y comunidades sostenibles”, tiene como objetivo lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, con metas como:
- Aumentar los esfuerzos para proteger el patrimonio cultural y natural del mundo.
- Reducir el impacto negativo de las ciudades, prestando mayor atención a la calidad del aire.
- Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos.
- Aumentar el número de ciudades y asentamientos con planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de recursos, la mitigación y adaptación del cambio climático y la resiliencia ante los desastres.
El calentamiento global, que provoca el aumento de las temperaturas y las olas de calor, además de otros desastres naturales, fenómenos cada vez más alarmantes que comprometen la seguridad de toda la población, especialmente de los más vulnerables, al no tener la misma capacidad de adaptación y de movimiento geográfico. De hecho, diferentes estudios ya han demostrado la correlación entre la mortalidad y otros efectos negativos en la salud y las temperaturas extremas (Baccini, y otros, 2008; Morris, y otros, 2021). Según el IPCC (IPCC, 2022), España es uno de los países de la Unión Europea (UE) que mayores consecuencias sufrirá por el cambio climático, volviendo anuales olas de calor que ahora ocurren con una periodicidad de 50 años, lo que podría provocar que las muertes relacionadas con las altas temperaturas llegasen a multiplicarse por 40. Y no debemos olvidar también las grandes masas de agua, como el Océano Atlántico o el Mar Mediterráneo, en los que también se están produciendo olas de calor extremas que actúan como sumideros de calor durante el día, liberando por la noche y provocando que ciudades costeras sufran elevadas temperaturas incluso de noche (Rodríguez P. , 2023).
La falta de infraestructuras verdes y azules1 que puedan actuar como sumidero de calor (Mokhtari, y otros, 2022; Shishegar, 2014), y la construcción masiva de edificios y carreteras en las ciudades españolas contribuyen a la formación de lo que se conoce como “isla de calor urbana” (ICU), zonas urbanas en las que la temperatura es significativamente más alta que en las áreas circundantes (Figura 1). Algunas ciudades, como Madrid y Barcelona, tienen expuesto a casi el 80% de la población a más de 1°C con respecto a las zonas de los alrededores y más del 10% de las muertes que ocurren durante el periodo estival pueden ser atribuidas a los efectos de las ICU (Iungman, y otros, 2023). El 30% de esas muertes podrían evitarse aumentando la cubierta arbórea del espacio urbano hasta un 30%.
