La crisis ecosocial ha dejado de ser vista por la mayoría de la población como ese futuro lejano y distópico que los ecologistas y científicos proclamaban. Hoy nuestras vidas se ven afectadas por una crisis multisistémica, fruto de las dinámicas expansivas del capitalismo global, con terribles consecuencias sociales. La pérdida de biodiversidad es una más de las crisis ambientales junto con el cambio climático, la contaminación, la pérdida de tierra fértil o la sobreexplotación de recursos. Producidas por un modelo de funcionamiento de nuestras sociedades basado en crecer infinitamente en un planeta de recursos limitados, y una lógica de dominación que justifica el derroche de unos pocos a expensas del resto de personas, especies y territorios con las que conviven.
De esta guerra contra la vida solo podemos salir de una forma justa a través de un cambio de sistema económico y político que ponga el poder en manos de las personas. Debemos construir nuevos modelos económicos en función de una economía solidaria y redistribución de la riqueza, dando prioridad a la sostenibilidad ambiental y la justicia social por encima del crecimiento económico.
En la defensa de la biodiversidad debe primar tanto el parar el daño como repararlo, restaurando la naturaleza. La restauración ecológica nos puede ayudar a revertir la pérdida y a recuperar la funcionalidad de los ecosistemas, y si se hace con una perspectiva de justicia y de reparación, puede ser transformadora. Además de recuperar el control sobre nuestro territorio, la restauración de ecosistemas nos permite generar resiliencia ante fenómenos derivados del cambio global, como las inundaciones o las olas de calor, siendo crucial para garantizar la vida de las personas más vulnerabilizadas.
Esta necesidad de reparar el daño no se da únicamente en entornos naturales. En un paradigma que garantice el derecho a la naturaleza, necesitamos recuperar los ecosistemas donde vivimos y de los que vivimos. Las ciudades tienen un papel central en el cambio de modelo y la adaptación de nuestras comunidades, pero para ello la renaturalización debe garantizar el acceso de toda la población a suficientes espacios verdes cercanos, independientemente de la renta.
En este informe alertamos sobre cómo las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza” o los planes de rehabilitación ,que no incluyan una perspectiva de justicia ecosocial, agravan las desigualdades existentes. La gentrificación verde, propiciada por una apropiación de las mejoras verdes o azules para la especulación inmobiliaria, expulsa de los barrios a quienes más necesitan los beneficios que estas generan en la salud física, mental y comunitaria. Por tanto, las políticas públicas deben asegurar la permanencia de las personas que habitan las áreas donde se ejecutan proyectos de renaturalización, el acceso a la naturaleza no puede ser de uso exclusivo para quien pueda pagarla.
Construir ciudades sostenibles, sanas y resilientes solo es posible garantizando la justicia espacial a través de blindar el derecho a la vivienda y acelerando los procesos de renaturalización.
No hay resiliencia sin resiliencia comunitaria. No hay adaptación sin encontrarnos con nuestras vecinas.
