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Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE)

Documentación
Año
2021
Autoría
Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Formato
Pdf descargable
Idioma
Español
Edita
Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Temas
Calidad del aire, Contaminación ambiental, Planificación urbana, Transporte y movilidad
ODS Relacionado
03. Salud y bienestar, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 13. Acción por el clima, 17. Alianzas para lograr los objetivos

Estas directrices constituyen una guía para aquellas entidades locales que, en respuesta a lo establecido en la Ley de cambio climático y transición energética, deban establecer una Zona de Bajas Emisiones. El acto de presentación, celebrado en la sede de la FEMP, ha contado con la participación del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, y el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados, deberán adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible para introducir medidas de mitigación y reducir las emisiones de la movilidad, incluyendo, entre otras, el establecimiento de zonas de bajas emisiones.

La creación de estas zonas de bajas emisiones está también prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. Es por ello que, apenas seis meses después de la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el MITECO ha elaborado y pone a disposición de las entidades locales un documento que sirve de guía para el diseño de estas zonas de bajas emisiones.

Las directrices recogen los umbrales mínimos que deben tenerse en cuenta a la hora de crear una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Entre ellos, se incluyen criterios en materia de calidad del aire, eficiencia energética, ruido y cambio climático. Además, fija también el procedimiento para su implantación, una propuesta de indicadores de seguimiento y un amplio catálogo de medidas que los ayuntamientos podrán adoptar para incentivar el cambio hacia una movilidad ambientalmente más sostenible que redunde, además, en una mejora de la calidad del aire que respiramos.