Los desafíos para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición siguen aumentando. La pandemia de la enfermedad por el coronavirus (COVID-19) ha puesto de relieve nuevamente las fragilidades de nuestros sistemas agroalimentarios y las desigualdades en nuestras sociedades, que están causando nuevos aumentos del hambre y la inseguridad alimentaria grave en el mundo. A pesar de los progresos logrados en el mundo, las tendencias de la desnutrición infantil, en particular el retraso del crecimiento y la emaciación, las carencias de micronutrientes esenciales y el sobrepeso y la obesidad infantiles siguen siendo motivo de gran preocupación. Además, la anemia materna y la obesidad en adultos siguen siendo alarmantes.
Los datos más recientes disponibles sugieren que el número de personas que no se pueden permitir una dieta saludable a nivel mundial aumentó en 112 millones (hasta alcanzar casi los 3 100 millones), lo cual refleja las repercusiones del incremento de los precios de los alimentos al consumidor durante la pandemia. Este número podría ser incluso mayor cuando se disponga de datos sobre las pérdidas de ingresos en 2020. La guerra en curso en Ucrania está perturbando las cadenas de suministro y afectando aún más a los precios de los cereales, los fertilizantes y la energía. En la primera mitad de 2022, esto dio lugar a incrementos adicionales de los precios de los alimentos. Al mismo tiempo, fenómenos climáticos extremos más frecuentes y graves están perturbando las cadenas de suministro, especialmente en los países de ingresos bajos.
De cara al futuro, los progresos realizados en la reducción en un tercio de la prevalencia del retraso del crecimiento infantil en los dos decenios anteriores (que representan 55 millones de niñas y niños con retraso del crecimiento menos) están en peligro por la triple crisis del clima, los conflictos y la pandemia de la COVID-19. Si no se intensifican los esfuerzos, seguirá aumentando el número de niños y niñas aquejados de emaciación.
En el presente informe se destaca repetidamente la intensificación de estos principales factores causantes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, a saber, los conflictos, los fenómenos climáticos extremos y las perturbaciones económicas, en combinación con el aumento de las desigualdades. La cuestión ahora no es si las adversidades seguirán presentándose o no, sino cómo podemos adoptar medidas más audaces para crear resiliencia ante futuras crisis.
Aunque en el informe del año pasado se señalaron las vías para la transformación de los sistemas agroalimentarios, la realidad es que la teoría resulta más fácil que la práctica. Las perspectivas del crecimiento económico mundial en 2022 se han revisado considerablemente a la baja; por tanto, se dispone de recursos financieros más limitados para invertir en los sistemas agroalimentarios. Las asociaciones entre los sectores público y privado resultarán extremadamente importantes para las inversiones en los sistemas agroalimentarios. También será importante contar con una gobernanza robusta para garantizar que dichas asociaciones acaben reportando beneficios a las comunidades y las personas que más lo necesitan, y no a las partes interesadas con poder de la industria.
En este informe se muestra que los gobiernos pueden invertir en los sistemas agroalimentarios de manera equitativa y sostenible, incluso con la misma cuantía de recursos públicos. El apoyo de los gobiernos a la alimentación y la agricultura representa casi 630 000 millones de USD al año en todo el mundo. Sin embargo, una proporción significativa de este apoyo distorsiona los precios de mercado, resulta destructiva para el medio ambiente y perjudica a los pequeños productores y los Pueblos Indígenas y, al mismo tiempo, no proporciona dietas saludables para los niños y las niñas y otras personas que más las necesitan.
