Este estudio tiene por objeto aportar evidencia sobre la eficacia y eficiencia de un conjunto de instrumentos de los que disponen las administraciones públicas para alcanzar los objetivos que en materia de gestión de residuos municipales tiene por delante España. El alcance de este estudio se circunscribe a los residuos municipales, definidos en la Ley 7/2022 como residuos de competencia local y abarca el periodo 2010-2019, si bien, siempre que ha estado disponible, se ha extendido con la información más reciente. El gasto público que realizaron las entidades locales en gestión de residuos alcanzó los 3.964 millones en 2021.
Se estima que el consumo de materias primas se duplicará entre 2020 y 2050 (OECD, 2019a), y que la generación de residuos se incrementará un 70 % entre 2020 y 2050 (Kaza, Yao, Bhada-Tata y Van Woerden, 2018). En este contexto, la gestión de los residuos es una parte fundamental de la estrategia europea para desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos naturales (Nuevo plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva, 2020) y convertir a Europa en una economía climáticamente neutra en 2050 (El Pacto Verde Europeo, 2019a).
España ha incumplido objetivos europeos de reducción en la generación de residuos y de preparación para la reutilización y el reciclaje marcados para 2020, por los que ya había sido advertida por la Comisión Europea mediante una alerta temprana en 2018. En concreto, España redujo un 7,5 % entre 2010 y 2020 la generación de residuos, frente al objetivo del 10 % y preparó para la recuperación y el reciclaje un 40,5 % de los residuos en 2020, frente a un objetivo del 50 % (del 55 % en 2025). A escala autonómica, cuatro comunidades sí que superaron el objetivo del 50 %.
Pero, además, España se encuentra en riesgo de no alcanzar los objetivos marcados para 2025, tal y como ha vuelto a advertir la Comisión Europea en la alerta temprana emitida en junio de 2023. El porcentaje de recogida separada en 2020 fue del 25 %, frente a un objetivo del 50 % a cumplir en 2035 y el porcentaje de residuos enviados a vertedero del 49,4 %, frente al objetivo del 40 % para 2025 y del 10 % en 2035. Además, los cambios metodológicos para el cálculo de los indicadores que entrarán en vigor en los próximos años aumentarán la distancia de España al cumplimiento de los objetivos.
Esta posición desfavorable requiere de un cambio estructural que permita avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos normativos y la orientación hacia las prioridades marcadas en la jerarquía de residuos (prevención, reutilización y reciclado, por ese orden). En esta evaluación se han analizado siete grupos de instrumentos y de la evidencia obtenida se extrae una serie de propuestas que pretenden servir de ayuda en el proceso de cambio.
