Solo en España, más de 30.000 personas mueren anualmente de forma prematura por enfermedades asociadas a la contaminación, y en muchas de nuestras ciudades se superan constantemente los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005 sobre calidad del aire. Sólo siete de las 80 ciudades más pobladas de España cumplen con las nuevas recomendaciones propuestas en septiembre de 2021. Además, este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debate sobre los incumplimientos en relación a la calidad del aire de Madrid y Barcelona.
No podemos olvidar que nuestro país se ha comprometido a reducir las emisiones en un 23% para 2030 respecto a las cifras de 1990. Para descarbonizarlo, se llevará a cabo un cambio modal según se recoge en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC), que deberá ser revisado el próximo año tal y como acordaron los Estados miembro de la Unión Europea. Una pieza fundamental en el proceso hacia la movilidad sostenible que completan la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Movilidad Sostenible, Conectada y Segura, y la próxima Ley de Movilidad Sostenible.
Una de las medidas principales que afectará a gran parte de la población española será la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones. Antes de 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes -y aquellas de más de 20.000 con problemas de calidad del aire- contarán con, al menos, una. Estas zonas son una herramienta clave para reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2, así como para proporcionar a las ciudades espacios más habitables. Son una apuesta por la salud de los ciudadanos, sirven para devolver las calles al peatón, reducir el vehículo privado, promueven un urbanismo sostenible, sensibilizan y educan en pro de la sostenibilidad, y priorizan la movilidad activa y el transporte público.
Hasta ahora en España sólo dos ciudades las han implementado: Madrid y Barcelona. Con escasa ambición y criterios diferentes, distan de ser lo que encontramos en otras capitales del continente europeo. Alcanzar los objetivos propuestos pasa por ésta y otras medidas de transformación de la movilidad urbana y el espacio público. Algunas de ellas se incluyen también en el Plan Nacional de Recuperación y Transformación gracias al cual se han puesto ya en marcha ayudas para la implantación de estas zonas y para la transformación digital y sostenible del transporte urbano.
Y es que nos situamos ante tres elementos: movilidad urbana, modelo de ciudad y salud y bienestar ciudadano. Las ciudades tienen un rol decisivo en cuanto a la implementación de una nueva concepción de movilidad sostenible. Por su cercanía son un importante canal de transmisión de información, sensibilización y concienciación. Además, algunas de ellas gozan de la capacidad de ser política y socialmente influyentes. Afrontar el reto sanitario, energético y climático, enfocado a la materialización de un cambio de modelo, a partir de un proceso que permita avanzar hacia unas ciudades limpias, habitables y saludables.
Pero no habrá movilidad sostenible en un contexto de transición energética si quienes se tienen que mover no son agentes activos que participan en su diseño, desarrollo e implementación. La ciudadanía tiene que ser la protagonista de la movilidad del futuro. Una movilidad al servicio de las personas y no de los vehículos. La transición será si es de todos y para todos.
Para recoger de primera mano la visión de la ciudadanía y de los ayuntamientos sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, se diseñó un proceso participativo que incluía a diez ciudades españolas y que se concretó en 27 sesiones participativas. Estas se desarrollaron en formato online y se celebraron entre junio y diciembre de 2021. Las ciudades seleccionadas fueron las siguientes: Cuenca, Logroño, Málaga, Mérida, Palma, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pontevedra y Zaragoza.
Este documento se enmarca en la campaña europea Clean Cities de la que ECODES forma parte. La información obtenida de los procesos participativos, tanto con entidades sociales como con responsables municipales, dispone de autorización verbal obtenida al inicio de cada taller para su difusión bajo la premisa de no identificación nominal.
