Un informe de ECODES en el que se recoge un breve análisis de lo acontecido durante 2022, factores clave y resultados de las conversaciones en 10 ciudades españolas sobre la implementación de esta herramienta, que era de obligado cumplimiento para 149 municipios antes del 1 de enero de 2023.
La sociedad se enfrenta al desafío de hacer frente a más de 50 años de una planificación y un desarrollo urbano dañino y erróneo, que pone en penúltimo lugar a la ciudadanía y en último lugar al medio ambiente. Siempre han existido convencidos y contrarios, beneficiados y perjudicados, de una toma de decisiones estrechamente vinculada al crecimiento económico y a dar píldoras de unos mínimos estándares de bienestar social y calidad de vida. Ahora, el devenir de los acontecimientos lleva a ciertos grados de alineamiento. Pocos ponen en duda que nos encontramos en una situación dramática en la que afrontamos cinco crisis (económica, social, ambiental, sanitaria y energética) que directa o indirectamente comparten un nexo común: el cambio climático.
Estamos incluso ante el abandono de las esperanzas de “luchar” contra él, porque ya sólo queda adaptación y mitigación. El Grupo Intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático decía, en su informe de febrero de 2022, lo siguiente: “La evidencia científica es irrefutable: el cambio climático supone un peligro para el bienestar de la humanidad y la salud del planeta. Si se pospone la toma de medidas en materia de adaptación y mitigación, perderemos la pequeña oportunidad que tenemos para garantizar un futuro habitable y sostenible para todo el mundo, y esta ventana para actuar se cerrará pronto”. Y es que la temperatura del Planeta sigue aumentando cada año. Cada vez más rápido, con costes enormes que lo empeoran en su interacción con el resto de crisis.
La adicción a los combustibles fósiles, la falta de ambición en la toma de decisiones, el lavado de cara verde (greenwashing), la defensa de intereses económicos por encima del interés general y los compromisos débiles agrandan esta situación. Las emisiones y la contaminación amenazan la vida en el Planeta en todas sus formas, con un impacto directo en la salud. Uno de los principales causantes es el sector del transporte y la movilidad. De hecho, según los datos provisionales de 2022 del Observatorio de Sostenibilidad, el año pasado se incrementaron sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) un 5,7% (en 2021 representaron más del 27% del total nacional) a pesar de los objetivos y compromisos ya acordados para avanzar hacia la neutralidad climática.
Poner solución pasa porque cada nivel asuma su papel de liderazgo. Europa estableció el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, con una reducción del 55% de las emisiones de GEI para 2030 respecto a 1990, que a finales de 2022 se aumentó al 57%. Para lograrlo presentó en julio de 2021 el paquete legislativo Fit for 55, un conjunto de propuestas encaminadas a revisar y actualizar la legislación de la UE y poner en marcha nuevas iniciativas con el fin de proporcionar un marco coherente y equilibrado. Sin embargo, el hecho no sólo de tener que hacer frente a la emergencia climática sino también a la recuperación económica tras la pandemia de la COVID19 llevó a Europa a dotarse de un programa de inversiones histórico: los fondos de recuperación Next Generation.
Paralelamente, España ha desarrollado un marco estratégico de energía y clima. Entre otros, el Plan Nacional de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021. Una de las medidas incluida en ambos es la implementación de Zonas de Bajas Emisiones. Antes de 2023, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes -y aquellas de más de 20.000 con problemas de calidad del aire- debían de contar con, al menos, una. Definidas como áreas en las que el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes queda restringido debido a sus emisiones, son una herramienta para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, cuyos resultados ayudan a proteger la salud de la ciudadanía, promover el cambio modal y la eficiencia energética.
En 2022, ECODES presentó los resultados obtenidos del proceso de reflexión realizado con municipios y sociedad civil en diez ciudades españolas, promovidos a través de la organización de talleres virtuales participativos. Estos procesos se enmarcaron en el contexto de transformación de la movilidad urbana que podía (y puede) generar la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, y que partía de un estado de situación diferente en cada término municipal, con particularidades e intencionalidades dispares. Desde la generalidad de este proceso, haciendo hincapié en elementos concretos considerados esenciales, pasando por la gobernanza y la participación para finalmente proporcionar información útil y relevante a los municipios, y a los ciudadanos se pusieron sobre la mesa once recomendaciones clave.
Ahora, este informe muestra el seguimiento y análisis de la evolución que ha tenido el proceso de implantación de estas áreas en España, haciendo énfasis en los factores que han llevado a que poco más de 10 ciudades — 10— hayan “cumplido la Ley” a 1 de enero de 2023. Durante este periodo, ECODES ha continuado intentando garantizar una implementación ambiciosa, principalmente en los diez municipios muestrales o, al menos, trasladar las posibilidades que les ofrecía esta obligatoriedad para transformar sus ciudades y empezar a vincular desarrollo urbanístico y movilidad dentro de los nuevos paradigmas de movilidad y de recuperación del espacio público para las personas. Un proceso de diálogo, colaboración e intercambio de información y propuestas con los responsables técnicos municipales en el que también se han contado con voces de la sociedad civil.
Finalmente, no se puede obviar que 2023 es un año clave. Así lo constata el hecho de que la justificación municipal mayoritaria para no haber hecho una implantación coherente es el horizonte electoral. La reasignación del espacio público para caminar, andar en bicicleta y zonas verdes, así como invertir en transporte público y movilidad cero emisiones son formas en las que podemos crear un mejor futuro urbano, por lo que es momento de abandonar el retardismo y comprometerse. De la mano del despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones y del clima social, esta medida y otras complementarias pueden contribuir a transformar las ciudades, apostando por la salud de los ciudadanos, por devolver las calles al peatón, reducir el vehículo privado, promover un urbanismo sostenible, sensibilizar y educar en pro de la sostenibilidad, y priorizar la movilidad activa y el transporte público en un tiempo en el que los compromisos y las acciones son más necesarios que nunca si de verdad hay voluntad política para llevar a las ciudades ser climáticamente neutras para 2030.
