El modelo económico y los cambios tecnológicos están incrementando el número e intensidad de las amenazas para las poblaciones de aves. Como resultado de ello, numerosas especies están sufriendo importantes declives. De esta forma, de los 359 taxones analizados en el reciente Libro Rojo de las Aves de España (SEO/BirdLife, 2021) 12 se incluyen como extintos (categorías EX y RE), 90 figuran en categorías de riesgo de extinción según los criterios de UICN (CR, EN y VU), y 51 más se encuentran en una situación cercana a la amenaza (categoría NT).
Una de las causas de esta situación es el incremento de la mortalidad no natural provocada por actividades humanas legales o ilegales. Su análisis es necesario para entender a qué especies afecta cada una de ellas, en qué medida y a través de qué mecanismos, permitiendo, en consecuencia, la adopción, mejora o priorización de actuaciones para reducir estos niveles de mortalidad.
El presente informe analiza las principales causas de mortalidad no natural de las aves a partir de la información sobre registros de entrada en los Centros de Recuperación de Fauna (en adelante, CRF) entre los años 2000 y 2018.
El análisis de los datos sobre cadáveres o ejemplares heridos que ingresan en los CRF ha sido utilizado con frecuencia para el estudio de las causas de mortalidad de la fauna (por ejemplo, Martínez et al., 2006; González et al., 2007; Margalida et al., 2008; Rodríguez et al., 2010, Jiménez et al., 2022).
No obstante, hay que tener en cuenta que los ejemplares que ingresan en los CRF representan sólo una muestra del total afectado por cada una de las causas. Esta muestra presenta algunos sesgos derivados de su propia naturaleza. De este modo, los ejemplares heridos tienen más probabilidades de ingresar que aquellos que han sido localizados ya muertos, de forma que las causas de ingreso en las que los ejemplares tienen más posibilidades de sobrevivir (por ejemplo, la contaminación lumínica o la contaminación del plumaje) pueden verse sobrerrepresentados frente a otras que causan la muerte del ejemplar en un elevado porcentaje de los casos (por ejemplo, la electrocución o el atropello).
También tienen más probabilidades de ser remitidos a los CRF los ejemplares cuyo hallazgo se puede relacionar con algún hecho presuntamente delictivo, ya que puede conllevar una búsqueda activa de los restos, por lo que las causas de este tipo (envenenamiento, caza ilegal) se pueden ver más representadas que las causas fortuitas (colisiones con aerogeneradores o tendidos, por ejemplo). En sentido contrario, las actuaciones delictivas se suelen llevar a cabo en zonas poco accesibles u ocultas, y muchos de los restos son eliminados por los propios ejecutores de estas, no pudiendo ser localizados en el campo en la mayor parte de las ocasiones.
Por otro lado, gran parte de los ingresos provienen de hallazgos espontáneos. Esto puede hacer que las especies de mayor tamaño, más fácilmente localizables y con mayor tiempo de permanencia en el terreno, puedan verse más representadas que las más pequeñas e inconspicuas. Además, muchas de las personas que encuentran cadáveres de aves no lo comunican y en otras ocasiones algunas administraciones no van a recoger los cadáveres si no se trata de especies protegidas, por lo que las especies catalogadas, con plan de seguimiento o más llamativas para el público en general (entre ellas, por ejemplo, las rapaces) tienen más probabilidades de ser trasladadas, vivas o muertas, a un CRF.
Por último, también hay una serie de sesgos geográficos. Así, algunas administraciones o grupos de investigación pueden llevar a cabo programas o campañas específicos de seguimiento temporal o permanente de algunas de estas causas de mortalidad (por ejemplo, capturas fortuitas en artes de pesca, atropellos, ahogamientos en balsas, etc.). También algunas causas de siniestralidad están sometidas a planes de vigilancia desarrollados por agentes medioambientales o por las empresas relacionadas con ellas (colisiones con aerogeneradores o colisiones y electrocuciones en tendidos eléctricos, por ejemplo). Si los ejemplares localizados en estas actuaciones son derivados a los CRF se puede producir un aumento de los ejemplares detectados o, por el contrario, si no existe interés en localizar los cadáveres en los planes de vigilancia o estos están mal diseñados se localizarán menos ejemplares e incluso pueden llegarse a ocultar hallazgos. En el resto de los casos, el número de ejemplares detectados y trasladados a los CRF puede oscilar mucho dependiendo de los niveles de frecuentación por el público de determinados lugares y en determinadas épocas del año, o de la cantidad o el nivel de implicación de la guardería ambiental, por ejemplo, así como de otros factores como los índices de desaparición de cadáveres por consumo de especies necrófagas facultativas o estrictas y las tasas de descomposición en función de la época del año y/o tamaño de los ejemplares.
En todo caso, los registros de los CRF pueden proporcionar muestras generalmente amplias, de zonas geográficas extensas, de numerosas especies y de periodos largos de tiempo. En este informe se emplea para el estudio de las diferentes causas de la mortalidad no natural en España, su incidencia sobre las poblaciones de las distintas especies, su evolución en los últimos años y su distinta incidencia geográfica.
Por otra parte, el trabajo que se presenta ha sido posible gracias a la labor que desarrollan los cerca de 50 CRF públicos y privados que existen en España. Los medios y el personal adscrito a estos servicios son esenciales para la conservación de la fauna silvestre, en su misión de recuperar y hacer seguimiento de sus distintas causas de mortalidad y amenazas, de investigación científica, análisis forenses en las distintas investigaciones policiales vinculadas a los delitos ambientales, vigilancia epidemiológica o de sensibilización y concienciación. El mantenimiento y mejora de los medios técnicos y humanos de los CRF es un pilar esencial para la preservación de la biodiversidad.
Este estudio se ha elaborado en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, que pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza. Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul” de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección General de la Guardia Civil (SEPRONA), como socios beneficiarios.
