El último informe de la OIT (2023)1 es claro y contundente sobre la emergencia social y económica que se cierne sobre nuestras cabezas en torno al cambio climático: El cambio climático y medioambiental se está convirtiendo a pasos agigantados en la mayor amenaza para la reducción de la pobreza y el logro del trabajo decente, el desarrollo sostenible y la justicia social. Las pruebas científicas alertan de que el calentamiento global no mitigado, la pérdida de biodiversidad y la contaminación amenazan con destruir todas las formas de vida en la Tierra. Las posibilidades de que se produzcan perturbaciones sociales y económicas y sufrimiento humano son tan grandes que podrían poner en peligro la paz.
Tomando como base las Directrices de política para una transición justa, que fueron adoptadas en 2015 por representantes de los Gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, en este informe, la OIT resume de manera muy precisa las principales esferas en las que se precisan acciones urgentes para lograr resultados sostenibles desde el punto de vista social, económico y medioambiental, y se examinan los principales procesos y diversos marcos para llevarlas adelante. Los cuatro elementos principales son: promover economías inclusivas, sostenibles y generadoras de empleo; lograr la equidad social; gestionar el proceso, y financiar una transición justa.
En 2018, el Gobierno de España y la OIT firmaron un acuerdo estratégico de colaboración para implementar las Directrices sobre Transición Justa como marco orientador y herramienta práctica de acción. En febrero de 2019 el gobierno español presentó el Marco Estratégico de Energía y Clima, enfocado a facilitar la modernización de la economía hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al cambio climático. Este Marco Estratégico está configurado por:
- La Ley de Cambio Climático,
- El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC),
- La Estrategia de Transición Justa.
Se trata de tres elementos diseñados para que España cuente con un marco estratégico sólido y estable para la descarbonización de su economía. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) ofrece una hoja de ruta eficiente para las próximas décadas. Plantea un objetivo final para el año 2050, consistente en un sistema eléctrico cien por cien renovable y neutro en emisiones de gases de efecto invernadero para el conjunto de la economía.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, está diseñado en coherencia con la neutralidad de emisiones a la que se aspira en 2050; plantea una reducción de entre el 20% y el 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel de 1990. Este plan contempla además alcanzar, en el año 2030, un 42% del consumo de energías renovables sobre el uso de energía final. En el caso de la generación eléctrica, el porcentaje de energías renovables sería del 74%.
A ello se suma la Estrategia de Transición Justa, una estrategia orientada a asegurar que las personas y las regiones aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición para que nadie se quede atrás. Esta estrategia se propone partir del marco aprobado internacionalmente para acompañar la transición ecológica en España, y así conseguir los mejores resultados en generación de empleo y justicia y cohesión social y territorial.
Por otro lado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dirigido a contrarrestar el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica mediante el empleo de los instrumentos comunitarios de financiación Next Generation EU, incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria. El PRTR establece que casi un 40% de las inversiones se destinarán a la transición ecológica.
El PERTE de Energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento se orienta a apuntalar las áreas asociadas a la transición energética, como las energías renovables, la electrónica de potencia, el almacenamiento o el hidrógeno renovable, y a reforzar aquellas con menor presencia.
El OBJETIVO PRINCIPAL del Observatorio de Transición Justa2 liderado por Fundación CEPSA y Red2Red es la generación de conocimiento en torno a la percepción de la población (ciudadanía y grupos de interés local) respecto a los procesos de transición ecológica o energética que se están desarrollando en España, al objeto de gestionar el cambio y prevenir potenciales conflictos derivados y, en paralelo, de ofrecer recomendaciones para orientar los planes de desarrollo de los diferentes agentes en los procesos de “transición justa”.
Para ello se plantea este segundo estudio del Observatorio de la Transición Justa, que parte de la metodología definida y testada en el anterior estudio piloto desarrollado en Andalucía3; que tiene una clara vocación de servicio público, y que se pone a disposición de todas las administraciones, así como de todos los agentes involucrados en el proceso de transición.
