La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que asume los principios fundamentales de este Convenio, crea el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad como instrumento de planificación de la actividad de la Administración General del Estado en la materia. Su objeto es el establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que promuevan la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio, los recursos naturales terrestres y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad. Su contenido incluirá un diagnóstico, los objetivos a alcanzar durante su periodo de vigencia y las acciones a desarrollar por la Administración General del Estado. En el artículo 13.4 de la ley se establece que el Plan estratégico será aprobado mediante real decreto y que éste deberá especificar el período de vigencia del Plan que, en todo caso, no podrá ser superior a diez años.
De acuerdo con lo anterior, mediante Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, se aprobó el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En la elaboración de este Plan estratégico se ha tomado en consideración la experiencia del anterior Plan Estratégico del Patrimonio Natural y Biodiversidad 2011-2017, así como las conclusiones del último informe de evaluación de su implementación.
Además, incorpora los compromisos de España en la materia en el ámbito internacional y de la Unión Europea, en especial los derivados del Marco mundial de Kunming- Montreal sobre la biodiversidad para 2030 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en la décimo quinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio, y de la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad a 2030 «Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas», adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2020.
En su elaboración, el Plan estatal se sometió a consulta de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla en el ámbito de la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Posteriormente, se aprobó asimismo en el seno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Además, en su proceso de elaboración se ha impulsado especialmente la participación y consulta de la comunidad científica, los agentes económicos y sociales, y las organizaciones sin fines lucrativos que persiguen los objetivos de la ley y ha sido informado por Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
