El interés creciente de la población por la llamada “energía limpia” se origina tras la crisis de los combustibles fósiles en la década de los 70. No obstante, pese a la inicial aceptación de estos paisajes energéticos emergentes, ya en 1979 el impacto sobre el territorio, y con él la percepción ciudadana, comienza a evaluarse en países como Suecia. Aunque la temporalidad de los primeros trabajos de valoración al respecto varía según la localización, puede establecerse un primer impulso investigador generalizado a mediados de la década de los noventa que se consolidará con el cambio de siglo (Prados et al., 2012). En la última década, numerosas investigaciones recogen esta paradoja que se asienta en el rechazo social a la generación de energías renovables a gran escala cuando ocupan territorios vividos o apreciados (Pasqualetti, 2011; Scheer, Konrad, Wassermann, 2017; Gargallo, García-Casarejos y Salvador, 2020; Segreto et al., 2020; Cousse, 2021).
En España este movimiento ha dado lugar al lema #Renovablesíperonoasí (Figura 1), heredero en cierta medida de la expresión acuñada en Estados Unidos #Notinmybackyard1 (Wexler, 1996; van der Horst, 2007). La explicación, como afirman numerosos autores, se basa en el apego de la población al paisaje (Pasqualetti, 2011).
Mientras los sistemas convencionales de energía generan oposición por cuestiones ambientales y de salud pública, las renovables lo hacen por su impacto territorial (Prados et al., 2012:129). Pero no solo la opinión pública rechaza este modelo, también lo hace la comunidad científica, como evidencia la carta publicada en 2020 por la revista Science, en la que 23 científicos españoles llaman al Gobierno a la reflexión sobre los costes territoriales de este crecimiento indiscriminado de las renovables (Serrano et al., 2020).
Desde el contexto europeo, 2018 marca una fecha clave en la planificación de las energías renovables, con la aprobación de la Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. El diagrama de la Figura 2 muestra además cómo el conflicto en Ucrania ha impulsado las políticas de soberanía energética, estrategia en la que España puede jugar un papel crucial. En 2022, la UE adoptó el Plan REPowerEU para independizar a la Unión de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030, poniendo la energía solar (tanto térmica como fotovoltaica) en el eje central de la política energética. Esta nueva estrategia aumenta la tasa media de despliegue de capacidad de energía renovable para 2030, llegando a casi 600 GW, con el objetivo de eliminar el consumo anual de 9.000 millones de m3 de gas natural antes de 2027, mediante las modificaciones incluidas en la Directiva 2023/2413. El nuevo marco estratégico supone una aceleración de las instalaciones de energía renovable, lo que requiere de la instalación media en la Unión de 45 GW anuales, frente a los 136 GW de generación de energía solar fotovoltaica de capacidad total instalada a finales de 2020 (COM/2022/221).
Así, en ese contexto, el Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo y el último Reglamento 2024/223 del Consejo, de 22 de diciembre de 2023, introducen exenciones de determinadas obligaciones de evaluación establecidas en la legislación medioambiental de la Unión para los proyectos de energías renovables que sean necesarios para la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico. Esta circunstancia de mayor permisividad medioambiental puede generar cierta inseguridad jurídica a propietarios de determinados suelos requeridos por grandes instalaciones, así como indefensión a la ciudadanía afectada.
En el Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo en el punto 8º del prefacio admite como medida temporal, la introducción de la presunción refutable de que los proyectos de energías renovables son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas, a efectos de la legislación medioambiental pertinente de la Unión, a no ser que existan hechos demostrados de sus efectos negativos en el medio ambiente y que estos no puedan ser compensados. Esta presunción previa del interés público superior permite que estos proyectos gocen de una evaluación simplificada de las excepciones específicas de la legislación medioambiental. Sin embargo, el reglamento deja a consideración de los estados, la restricción en determinadas áreas de este punto. Si los estados miembros no toman en cuenta este aspecto de defender determinadas áreas sensibles, puede dejarse a criterio regional o local la autorización de las instalaciones lo que puede provocar desequilibrios territoriales peligrosos. Esto se legisla específicamente en los artículos 1º al 4º.
