Según la Agencia Europea de Medio Ambiente el transporte representa un tercio del consumo de energía final de los países miembros de la UE y es responsable de más de un quinto de las emisiones de gases de efecto invernadero en el viejo continente. También es responsable de buena parte de la contaminación atmosférica y acústica urbana.
Además, las infraestructuras del transporte tienen efectos muy lesivos sobre el territorio porque, entre muchas otras afecciones, ocupan una gran cantidad de suelo y provocan un efecto barrera, compartimentando los espacios naturales dificultando o impidiendo migraciones y dispersión de especies animales con una incidencia negativa en la protección de especies de fauna y flora, algunas de ellas en serio peligro de extinción.
A la vez, el transporte es un sector de gran importancia para la sociedad y la economía, alcanza el 3% del PIB, permite el intercambio de mercancías y el desplazamiento de personas, así como el acceso a bienes, derechos y servicios, generando además un importante volumen de empleo, alrededor de 900.000 trabajadores y trabajadoras en España. Además, en muchos casos la prestación de sus servicios genera empleos en el ámbito local sin riesgo de deslocalización por dedicarse directamente a la atención, prestación y mantenimiento de la actividad.
Sin embargo, el creciente aumento del desplazamiento de personas, derivado fundamentalmente de una urbanización dispersa por las periferias urbanas, de baja densidad y sin mixtura de usos del suelo y con enorme descontrol en la planificación, así como el incremento del turismo a grandes distancias, junto al de mercancías que recorren miles de kilómetros por la expansión de la economía globalizada, hace que las llamadas externalidades del transporte se intensifiquen.
