Este informe fue elaborado durante la crisis sanitaria del COVID-19, una emergencia que ha puesto en jaque nuestros modos de vida, y que es un síntoma de un modelo socioeconómico y ambiental que nos está llevando al colapso.
Puede resultar extraño hablar de incendios forestales y más cuando hay una emergencia histórica como la que estamos afrontando. Crisis como la actual o el aumento de los desastres climáticos son la parte visible de un iceberg de muchas otras realidades no abordadas a lo largo del tiempo y que se manifiestan en distintas formas. Las llamas, son una de ellas.
La crisis global del COVID-19 ha puesto de manifiesto el papel esencial de las actividades del sector primario para proveer bienes y servicios esenciales a las zonas confinadas. Este carácter esencial, sin embargo, no se plasma a la hora de la verdad en la rentabilidad de dichas actividades debido a diversas causas (intermediarios, Política Agraria Común, falta de valorización por parte de la sociedad urbanita, etc.. ), por lo que se ha generado una alta tasa de abandono de la actividad con el consiguiente incremento del riesgo de grandes incendios forestales (siglas GIF, aquellos superiores a 500 hectáreas). Si se quieren prevenir incendios dramáticos, habrá que recuperar aquellas actividades que los previenen y que, además, son esenciales para la sociedad.
Por tanto, los planes de recuperación tras la crisis del COVID-19, tienen que tener la prevención y gestión forestal como estrategia efectiva para generar puestos de trabajo alrededor de una economía rural verde y sostenible basada en la recuperación, al menos en zonas estratégicas, de actividades del sector primario orientadas a evitar grandes incendios forestales.
Representan un problema creciente y son el estandarte de la emergencia climática. Por ello, lejos de algunas demandas, el foco no puede sólo centrarse en la extinción (sin olvidar abordar las condiciones de los operativos), sino plantear otras políticas de gestión. Si la dinámica de los incendios forestales ha cambiado, también debe cambiar y evolucionar su gestión.
Es necesaria una reflexión colectiva, tanto de los poderes públicos, como de la ciudadanía, orientada a replantear el modelo de relación con los ecosistemas y abordar los síntomas en forma de llamas, de enfermedades mucho más graves y profundas: el cambio climático, la pérdida de ecosistemas (cambios de uso de suelo), el despoblamiento y el abandono rural.
Estamos viviendo una crisis climática y de biodiversidad sin precedentes con consecuencias incluso mucho más devastadoras de lo esperado. La situación nos exige que, en un tiempo récord, revirtamos los efectos de décadas de excesos. Numerosos estudios científicos han demostrado que nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera superan con creces la capacidad de absorción de los ecosistemas naturales, por lo que, para evitar los peores impactos del cambio climático, es necesario que esas emisiones se reduzcan rápida y drásticamente para que el aumento de la temperatura del planeta no sea superior a 1,5 ºC. Los esfuerzos para frenar los peores impactos del cambio climático no se pueden llevar a cabo sin cambios radicales en nuestro modelo de sociedad, sin poner en cuestión la brecha urbano-rural, el crecimiento económico, estructuras de producción y de propiedad existentes.
El mundo rural, nuestros pueblos y su actividad productiva (sector primario) constituyen una oportunidad que, en la actualidad, no se valora. Más allá de discursos sobre el apoyo a la España vaciada (despoblación rural), las prioridades se concretan en los presupuestos que se destinan.
