Estamos atravesando una situación de crisis ecológica sin precedentes. Todos los motores que nos llevan a esta crisis están aumentando, y todos los límites planetarios están siendo sobrepasados. Aunque habitualmente asociamos esta situación crítica con el cambio climático —y no es para menos, cuando gran parte de la comunidad científica considera que ya hemos superado el aumento de 1.5ºC de temperatura con respecto a la época preindustrial, el tope de seguridad climática que nos habíamos marcado— debido al efecto de éste sobre la climatología y la seguridad alimentaria, es igual de alarmante la situación de la biodiversidad, que sufre un declive tan acusado que ya se acepta en la comunidad científica el término “extinción masiva”. La tasa de extinción de especies es aproximadamente 1.000 veces más rápida que la que se daría de forma natural y, en conjunto, la degradación de la superficie de la tierra por causas humanas afecta de forma negativa a al menos 3.200 millones de personas.
Las ciudades apenas ocupan el 2% de la superficie de la Tierra, pero más de la mitad de la población vive en ellas, cifra que se prevé aumente a dos terceras partes en 2030, por lo que son un punto clave en la adaptación a este escenario de crisis. Sin embargo, estas aglomeraciones generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales, por lo que también son un lugar clave en la mitigación de las mismas. El crecimiento urbano ha seguido los ritmos vertiginosos de la economía capitalista: organizados para la acumulación del capital, las ciudades se han estructurado a costa de grandes impactos medioambientales y de la generación de injusticias y desigualdades para una parte mayoritaria de la población. Las personas que habitan las ciudades se enfrentan a un alto riesgo de verse afectadas por los efectos negativos del cambio global1.
Y es que la configuración urbana de nuestras ciudades y territorios no es neutra. En la planificación y el diseño urbano, basadas en un modelo capitalista y patriarcal, se prioriza el desarrollo de determinadas actividades, mayoritariamente productivas y de consumo, mientras que otras, principalmente las actividades de cuidados y de trabajo doméstico no remunerado, son marginales y se espera que se resuelvan por sí solas . Como consecuencia, las ciudades se han planificado a espaldas de la naturaleza, con las consecuencias ecosociales que esto supone y, sin tener en cuenta tampoco la crisis de los cuidados que translimita los tiempos y espacios, especialmente de las mujeres. Hoy entendemos que la crisis ecológica no solo nos exige actuar para cambiar las ciudades, sino que nos da un margen temporal para hacerlo.
La destrucción que nuestras ciudades generan en la naturaleza y sus ecosistemas es causante de gran parte de los daños en la salud física y mental de sus poblaciones, especialmente de las de ingresos bajos y medios, ya que entre los factores de riesgo vinculados a las enfermedades no transmisibles —como el cáncer, patologías respiratorias crónicas, cardiovasculares, etc.— están los altos niveles de contaminación atmosférica y la inactividad física. La naturaleza nos provee de una serie de beneficios en este sentido, a los que llamamos servicios ecosistémicos, como el mantenimiento de la polinización o del ciclo del agua, la reducción de la contaminación o la protección frente a inundaciones. En ese sentido, hablamos de “derecho a la naturaleza” porque todas las personas tendríamos que tener el mismo acceso a estos beneficios que producen el resto de especies con las que convivimos.
